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Los criterios de sostenibilidad ESG (ambiental, social y de gobernanza<\/em>seg\u00fan las siglas inglesas) est\u00e1n impactando cada vez m\u00e1s en potenciar el asesoramiento jur\u00eddico que prestan los bufetes de abogados<\/a> tanto a empresas p\u00fablicas como privadas.<\/p>\n Aunque 2022 fue un a\u00f1o de paralizaci\u00f3n en las pr\u00e1cticas de sostenibilidad por la guerra de Ucrania y los efectos econ\u00f3micos del Covid, en el presente a\u00f1o se ha potenciado la aplicaci\u00f3n de estos criterios en la direcci\u00f3n y gesti\u00f3n de las grandes empresas. Sin embargo, tal y como asegur\u00f3 la letrada del Tribunal Constitucional y exdirectora del Instituto de la Mujer, Carmen Plaza<\/strong> durante la Jornada celebrada en la Escuela de Pr\u00e1ctica Jur\u00eddica<\/strong> de la Universidad Complutense sobre 'Sostenibilidad y criterios ESG en la pr\u00e1ctica jur\u00eddica\u201d, \u201cjusto a mitad del camino de la Agenda 2030 estamos muy lejos de alcanzar los criterios de sostenibilidad marcados por la ONU\u201d. Para la experta, las empresas se encuentran con una \u201cjungla normativa\u201d ante el reto de la sostenibilidad.<\/p>\n Las compa\u00f1\u00edas deben conciliar sus multas econ\u00f3micas con los compromisos de sostenibilidad<\/strong>pero se encuentran con la publicaci\u00f3n de todo tipo de normas y principios que se suceden a una velocidad de v\u00e9rtigo tanto en la legislaci\u00f3n internacional como por parte de la UE \u2013adem\u00e1s de una intrincada normativa nacional\u2013, que intentan abordar las crisis globales sobre medio ambiente.<\/p>\n