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Es p\u00fablico y notorio que el pr\u00f3ximo mes de noviembre comenzar\u00e1 el juicio oral contra la cantante Shakira<\/a> por la presunta comisi\u00f3n de un delito contra la Hacienda P\u00fablica espa\u00f1ola, proceso en el que se dilucidar\u00e1 si la artista colombiana es responsable criminal de haber defraudado al Tesoro el pago de sus impuestos personales durante varios ejercicios. Impuestos que, por cierto, son reclamados por la Agencia Estatal de Administraci\u00f3n Tributaria (AEAT) al considerar que la cantante fue residente fiscal durante determinados a\u00f1os en Espa\u00f1a<\/a> y, por tanto, deb\u00edan pagar sus impuestos en nuestro pa\u00eds. si que la residencia fiscal es el punto de conexi\u00f3n clave que la legislaci\u00f3n tributaria<\/strong> -no s\u00f3lo la espa\u00f1ola- fija para determinar cu\u00e1ndo un individuo debe tributar por sus rentas universales en tal o cual pa\u00eds. A nivel puramente interno tambi\u00e9n puede ser relevante a la hora de establecer d\u00f3nde paga otros impuestos como sucesiones o patrimonio (no es lo mismo ser residente fiscal, por ejemplo, en Catalu\u00f1a que en Andaluc\u00eda a estos efectos).<\/p>\n La residencia fiscal se ha convertido en un tema cr\u00edtico para las arcas p\u00fablicas, mucho m\u00e1s en la era post covid19, en la que el teletrabajo se ha convertido en algo habitual<\/a>introduciendo un elemento m\u00e1s para valorar d\u00f3nde reside un individuo a efectos tributarios.<\/p>\n