[ad_1]
\n<\/p>\n
Aproximadamente dos millones de personas condenadas por delitos en Nueva York pueden ser elegibles para que se sellen sus antecedentes como parte de una amplia iniciativa de justicia penal que la gobernadora Kathy Hochul promulgar\u00e1 como ley el jueves.<\/p>\n
Seg\u00fan la llamada Ley de Pizarra Limpia, las personas que completen su sentencia y no se metan en problemas dentro de un per\u00edodo determinado (tres a\u00f1os para delitos menores, ocho para delitos graves elegibles) tendr\u00e1n sus condenas selladas. Los delitos m\u00e1s graves, incluidos los delitos sexuales, el asesinato y la mayor\u00eda de los dem\u00e1s delitos graves de clase A, no ser\u00e1n elegibles para el sellado autom\u00e1tico.<\/p>\n
Nueva York se convertir\u00e1 en uno de los docena de estados<\/a> con dicha legislaci\u00f3n, cuyo objetivo es interrumpir el ciclo de reincidencia permitiendo que personas anteriormente encarceladas accedan a empleos y vivienda.<\/p>\n La ley entrar\u00e1 en vigor dentro de un a\u00f1o, aunque se necesitar\u00e1n tres a\u00f1os m\u00e1s para borrar los registros de quienes actualmente esperan.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n La Sra. Hochul dijo que estaba orgullosa de firmar la legislaci\u00f3n, que seg\u00fan ella ayudar\u00eda a impulsar las oportunidades econ\u00f3micas y al mismo tiempo proteger\u00eda la seguridad p\u00fablica.<\/p>\n \"La mejor herramienta para combatir el crimen es un trabajo bien remunerado\", afirm\u00f3.<\/p>\n La firma del proyecto de ley es una victoria para los defensores de la justicia penal que pasaron a\u00f1os presionando a las partes interesadas a favor de la medida. Cuando fue aprobada por la Legislatura dominada por los dem\u00f3cratas de Nueva York a principios de este a\u00f1o, contaba con una impresionante coalici\u00f3n de empresas, sindicatos, gobiernos y grupos de defensa que predicaban sobre sus beneficios econ\u00f3micos, morales y de seguridad p\u00fablica.<\/p>\n De hecho, uno de los mayores obst\u00e1culos aparentes fue la propia Sra. Hochul, quien durante sus dos a\u00f1os en el poder se ha encontrado en desacuerdo con los progresistas sobre algunas medidas de justicia penal, debido a preocupaciones de seguridad p\u00fablica. Si bien la Sra. Hochul apoy\u00f3 el concepto general de la iniciativa, incluida una versi\u00f3n reducida en su agenda legislativa el a\u00f1o pasado, expres\u00f3 preocupaci\u00f3n por el alcance de la legislaci\u00f3n inicial.<\/p>\n Al final, el gobernador pudo obtener concesiones de los patrocinadores del proyecto de ley antes de su aprobaci\u00f3n, incluido un per\u00edodo de espera extendido y protecciones de responsabilidad para las empresas que contratan personas con antecedentes penales. Los registros permanecer\u00e1n visibles para el personal policial y judicial, as\u00ed como para ciertos empleadores sensibles.<\/p>\n A diferencia de versiones anteriores del proyecto de ley, la ley final hace que todos los delitos graves de clase A, excepto aquellos relacionados con la posesi\u00f3n de drogas, no sean elegibles para sellar.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n Esas concesiones y otras han ayudado a calmar la oposici\u00f3n, incluso de los grupos encargados de hacer cumplir la ley. Si bien las principales asociaciones de alguaciles, polic\u00edas y fiscales no han apoyado la medida, se han abstenido de criticarla p\u00fablicamente.<\/p>\n Un an\u00e1lisis de la Divisi\u00f3n de Servicios de Justicia Penal mostr\u00f3 que aproximadamente 1 mill\u00f3n de delitos graves y hasta 4 millones de condenas por delitos menores ser\u00edan elegibles para sellar.<\/p>\n Los empleadores pueden dudar en contratar a alguien con antecedentes penales, un sesgo que la C\u00e1mara de Comercio de EE. UU. ha extrapolado<\/a> en una p\u00e9rdida de entre 78.000 y 87.000 millones de d\u00f3lares del producto interno bruto de la econom\u00eda.<\/p>\n