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Con Pedro S\u00e1nchez investido presidente del Gobierno, uno de los primeros compromisos por cumplir del nuevo Consejo de Ministros ser\u00e1 tramitar la futura ley de amnist\u00eda, pieza clave en la negociaci\u00f3n con las fuerzas independentistas catalanas<\/a>. La iniciativa parlamentaria tiene ahora por delante un camino que puede durar meses, e incluye tanto su tramitaci\u00f3n en las Cortes como su posterior aplicaci\u00f3n en los tribunales que han conocido de causas relacionadas con el proceso, <\/i>jalonado de <\/i>los previsibles recursos interpuestos ante el Tribunal Constitucional para intentar retrasar la aprobaci\u00f3n de la ley o frenar su efecto una vez aprobada. Aunque la proposici\u00f3n de ley da dos meses a los tribunales para aplicarla, la tramitaci\u00f3n parlamentaria y los posibles recursos ante el Constitucional har\u00e1n dif\u00edcil que la norma sea plenamente efectiva antes de un a\u00f1o.<\/p>\n El PSOE dio el primer paso de la medida de gracia el pasado lunes, al registrador su grupo en el Congreso la proposici\u00f3n de ley<\/a>, en solitario y con car\u00e1cter de urgencia. Una calificaci\u00f3n que acorta los plazos parlamentarios a la mitad. El segundo se producir\u00e1 la semana pr\u00f3xima, cuando la Mesa de la C\u00e1mara baja reciba el texto para su aceptaci\u00f3n tras examinarla los letrados de las Cortes. En ese momento, el PP podr\u00e1 elevar un recurso de amparo al Tribunal Constitucional para intentar que la Mesa no acepte la proposici\u00f3n de ley y la frene. Pero solo lograr\u00e1 dejar en suspenso el proceso de tramitaci\u00f3n si el Partido Popular solicita medidas cautelares y el tribunal de garant\u00edas se las concede, una opci\u00f3n improbable.<\/p>\n El Constitucional sent\u00f3 un precedente el a\u00f1o pasado cuando fren\u00f3 la tramitaci\u00f3n parlamentaria de la reforma legal que desbloqueaba su propia renovaci\u00f3n, pero juristas consultados recuerdan que, en ese caso, lo que se paraliz\u00f3 fue la tramitaci\u00f3n de dos enmiendas que el Ejecutivo hab\u00eda incorporado, por tr\u00e1mite de urgencia, a un proyecto de ley sobre otro asunto. Lo que el PP aleg\u00f3 es que ese procedimiento vulneraba el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos p\u00fablicos a trav\u00e9s de sus representantes \u2014los diputados\u2014, un derecho blindado por el art\u00edculo 23.2 de la Constituci\u00f3n. \u201cEse precedente ya era extra\u00f1o, aunque hab\u00eda una base. Pero, en el caso de la amnist\u00eda, no s\u00e9 qu\u00e9 base legal se va a encontrar para frenar la tramitaci\u00f3n parlamentaria de una proposici\u00f3n de ley presentada por uno o varios grupos\u201d, se\u00f1ala un jurista consultado. Los magistrados progresistas se opusieron frontalmente a esa suspensi\u00f3n, pero entonces estaban en minor\u00eda. Tras la \u00faltima renovaci\u00f3n, son mayor\u00eda y se da por hecho que no prosperar\u00eda una medida cautelar similar.<\/p>\n Pero para los populares, la ley es inconstitucional y van a tratar por todos los medios que no se tramiten. \u201cAnalizaremos cualquier v\u00eda que frene la ley. No habr\u00e1 ning\u00fan solo paso que podamos dar que dejemos de hacer\u201d, advierten fuentes de la direcci\u00f3n del PP. El recurso ante el Constitucional podr\u00eda interponerse tanto cuando la norma llegue a la Mesa, la semana pr\u00f3xima, como en cualquier otra fase del camino parlamentario. Pero, si el tribunal de garant\u00edas se pronunciase de manera desfavorable para el PP en un primer momento, los populares admitir\u00e1n que no tendr\u00eda mucho sentido volver a pedir un pronunciamiento similar despu\u00e9s, salvo que haya alg\u00fan cambio en la norma o en su tramitaci\u00f3n que les dieran pie a impugnarla de nuevo. Los pueden tambi\u00e9n populares tratar de buscar un resquicio para acudir a la justicia europea.<\/p>\n \u201cTodav\u00eda no conocemos la ley de amnist\u00eda en su totalidad. Conocemos el trozo socialista. No conocemos las enmiendas de Junts, no conocemos las enmiendas de Esquerra y no conocemos las de Bildu. Primero vamos a ver la ley entera y vamos a ver qu\u00e9 tramitaci\u00f3n sigue\u201d, indic\u00f3 este jueves Esteban Gonz\u00e1lez Pons, vicesecretario general del partido, en los pasillos del Congreso. En caso de que no se presente tal o que, como es previsible, el Constitucional resuelva seguir con el proceso, la mayor\u00eda progresista de la Mesa empujar\u00e1 recurso para que la norma contin\u00fae avanzando y se fijar\u00e1 un d\u00eda para debatir en pleno la toma en consideraci\u00f3n de la ley, esto es, para que la tramitaci\u00f3n siga su curso. Este tr\u00e1mite requiere de mayor\u00eda absoluta \u2014al tratarse de una ley org\u00e1nica\u2014, y esa votaci\u00f3n saldr\u00e1 previsiblemente adelante con 178 apoyos: los de PSOE, Sumar, ERC, Junts, PNV, Bildu y BNG.<\/p>\n Tras este paso, los grupos parlamentarios podr\u00e1n presentar enmiendas. Normalmente se establece un plazo de 15 d\u00edas, pero al ser de urgencia ese margen puede reducirse a la mitad. Despu\u00e9s, pasar\u00e1 por ponencia y comisi\u00f3n en el Congeso. Todos esos pasos suelen durar como m\u00ednimo un mes<\/a>, pero el tiempo puede alargarse si coincide con enero, que es inh\u00e1bil, aunque la Mesa podr\u00eda convertirlo en h\u00e1bil para acelerar. Habr\u00e1 un \u00faltimo filtro, el del debate de la totalidad de la norma en pleno, que de nuevo contar\u00eda \u2014seg\u00fan se prev\u00e9\u2014, con la misma mayor\u00eda absoluta que en su toma en consideraci\u00f3n. Y de ah\u00ed, probablemente hacia febrero, la ley pasar\u00e1 al Senado, territorio del PP, que cuenta con mayor\u00eda absoluta en esta c\u00e1mara.<\/p>\n Lo que m\u00e1s afecta es lo que sucede m\u00e1s cerca. Para no perderte nada, suscr\u00edbete.<\/p>\n Suscr\u00edbete<\/a><\/div>\n<\/section>\n Los populares modificaron el reglamento del Senado <\/a>el pasado martes para dilatar su tramitaci\u00f3n, de forma que cualquier proposicion de ley <\/a>tenga un plazo de dos meses \u2014en lugar de 20 d\u00edas\u2014 para ser debatida, aunque sea calificada de urgencia. La Mesa del Senado, pese a tener mayor\u00eda popular y a la petici\u00f3n del l\u00edder de Vox, Santiago Abascal, de que el PP paralice el texto en ese punto,<\/a> no se puede negar a tramitarla. Si lo hiciera, el texto volver\u00eda intacto al Congreso autom\u00e1ticamente en 20 d\u00edas. Fuentes populares de la C\u00e1mara alta ya han asegurado que la Mesa calificar\u00e1 la norma y no paralizar\u00e1 el proceso.<\/p>\n Tambi\u00e9n en el Senado se convocar\u00e1n las respectivas comisiones \u2014a las que el PP pretende llevar expertos e informes que avalen su rechazo a la medida de gracia\u2014, y habr\u00e1 margen para plantear enmiendas. \u201cHemos constituido un grupo de trabajo en el Senado para coordinar el seguimiento de la ley de amnist\u00eda desde el registro de la iniciativa del PSOE en el Congreso. Recopilaremos documentos e informes y coordinaremos mensajes\u201d, inform\u00f3 este viernes el grupo parlamentario popular en la C\u00e1mara alta. El PP podr\u00e1 sacar adelante una enmienda a la totalidad de la ley, que ser\u00e1 aprobada con su mayor\u00eda absoluta en pleno unos dos meses despu\u00e9s de recibirla el Senado, ya por abril o mayo. Luego la norma volver\u00e1 al Congreso, que podr\u00e1 levantar ese veto total con los 178 votos favorables a la norma y darle ya el visto bueno definitivo. Cuando esto suceda, ser\u00e1 publicada en el Bolet\u00edn Oficial del Estado (BOE), sancionada por Felipe VI, y entrar\u00e1 con vigor.<\/p>\n En ese momento llegar\u00e1 el turno de los jueces. Para hacerse efectiva, la amnist\u00eda tiene que ser aplicada por cada tribunal que ya haya dictado sentencia o que tenga abierto un procedimiento afectado por la medida de gracia. La proposici\u00f3n de ley establece<\/a> que los tribunales aplicar\u00e1n la amnist\u00eda \u201ccon car\u00e1cter preferente y urgente\u201d, de oficio o a petici\u00f3n de las partes y en un plazo m\u00e1ximo de dos meses.<\/p>\n Que el tribunal la ley significa que los jueces dictan resoluciones que dejen sin efecto los procedimientos abiertos afectados por la amnist\u00eda, sea cual sea la fase en la que se encuentre. Para dictar estas resoluciones es para lo que, en principio, se establece el plazo de dos meses, aunque en cuanto la ley entre en vigor habr\u00e1 ya consecuencias inmediatas, medidas como el alzamiento de las cautelares que se hubieran dictado en cualquiera de los procedimientos incluidos. en la amnist\u00eda. Esto implicar\u00e1 tambi\u00e9n que se levanten las \u00f3rdenes de detenci\u00f3n y entrada en prisi\u00f3n que pesan sobre los fugados de la justicia espa\u00f1ola, incluido Carles Puigdemont<\/a>.<\/p>\n El resto de las consecuencias de la norma, como el fin de la ejecuci\u00f3n de las penas, el sobreseimiento definitivo de los procedimientos o la eliminaci\u00f3n de los antecedentes penales, se deben dictar en los dos meses que marcan la ley. Lo mismo ocurrir\u00e1 en los procesos administrativos, civiles o contables. Una vez que la norma est\u00e9 aprobada, el PP, Vox o las comunidades aut\u00f3nomas podr\u00e1n presentar recursos de inconstitucionalidad, pero eso no suspende la aplicaci\u00f3n de la amnist\u00eda por parte de los tribunales ni alarga los dos meses de plazo que fija la proposici\u00f3n de ley.<\/p>\n Sin embargo, los jueces s\u00ed tienen en su mano un instrumento para frenar en gran parte los efectos de la medida de gracia: cuando les toque aplicar la norma, pueden alegar que tienen dudas sobre su constitucionalidad o sobre si la ley es compatible con el derecho. europeo, para lo que pueden plantear una cuesti\u00f3n de inconstitucionalidad ante el tribunal de garant\u00edas o una cuesti\u00f3n prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE. Y estas cuestiones s\u00ed suspenden la aplicaci\u00f3n de la amnist\u00eda al procedimiento concreto para el que se presenta. Esto implica, seg\u00fan fuentes jur\u00eddicas, que los jueces que abran esta v\u00eda no dictar\u00e1n la resoluci\u00f3n definitiva de sobreseimiento de esa causa mientras el Constitucional o el TJUE no se pronuncien. El Constitucional va a recibir, previsiblemente, un aluvi\u00f3n de recursos y de cuestiones de inconstitucionalidad, pero desde el entorno del tribunal se ha lanzado el mensaje de que se dar\u00e1 prioridad a estos casos, si bien no prev\u00e9 que pueda resolver antes de seis meses.<\/p>\n Mientras llegan las sentencias sobre esas cuestiones, la amnist\u00eda solo ser\u00e1 efectiva a medias, lo que implicar\u00e1, por ejemplo, que si el Tribunal Supremo, como es previsible, acude al Constitucional, los condenados por la sentencia del proceso<\/i> de octubre de 2019 que a\u00fan siguen cumpliendo una pena de inhabilitaci\u00f3n, como el presidente de ERC, Oriol Junqueras, seguir\u00e1n inhabilitados, lo que les impedir\u00eda presentarse a unas elecciones o acceder a un cargo p\u00fablico. Para otros casos, como el de Carles Puigdemont o aquellos procedimientos que a\u00fan no hayan llegado a juicio o se haya dictado condena, los perjuicios de la suspensi\u00f3n ser\u00e1n menores, pero seguir\u00e1n encausados.<\/p>\n\n