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![](\"https:\/\/d501.epimg.net\/cincodias\/imagenes\/2023\/11\/20\/legal\/1700489666_556412_1700489924_noticia_normal.jpg\")
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La Audiencia Nacional (AN) ha condenado a la aseguradora Allianz compa\u00f1\u00eda de Seguros y Reaseguros<\/strong> a indemnizar con 20.000 euros por cobrar indebidamente el seguro de una moto a la anterior titular del veh\u00edculo en lugar de pasar el cargo a su propietario actual.<\/p>\n Los hechos del caso (cuyo texto puede consultar) aqu\u00ed<\/a>) se remontan al a\u00f1o 2016. La reclamante hab\u00eda contratado una p\u00f3liza de seguros para su moto, pero que decidi\u00f3 anular al a\u00f1o siguiente. Tres a\u00f1os despu\u00e9s, en 2019, el reclamante vendi\u00f3 el veh\u00edculo y la persona compradora contrat\u00f3 una nueva p\u00f3liza en la misma compa\u00f1\u00eda, a trav\u00e9s de otro intermediario de seguros.<\/p>\n Allianz pas\u00f3 el cargo a la persona equivocada (antigua due\u00f1a del veh\u00edculo) por un \"error inform\u00e1tico\"<\/strong> al introducir la matr\u00edcula y n\u00famero de cuenta corriente cuando se dio de alta el nuevo seguro. Ello provoc\u00f3 que la cliente recibiera una carga inesperada. Y es que, seg\u00fan argument\u00f3 la aseguradora, el sistema inform\u00e1tico \u201carrastr\u00f3 el n\u00famero de cuenta\u201d al dar de alta el nuevo contrato, por lo que la antigua propietaria de la motocicleta y por eso se le carg\u00f3, de forma totalmente involuntaria, la prima de seguro correspondiente a la p\u00f3liza contratada por el nuevo titular de la moto. Un fallo que la propia aseguradora reconoci\u00f3.<\/p>\n La reclamante denunci\u00f3 as\u00ed un tratamiento il\u00edcito de sus datos personales<\/strong> al cobrar un seguro de moto del que no era titular ni aseguradora de la p\u00f3liza. La afectada, afirm\u00f3 que en ning\u00fan momento hab\u00eda dado autorizaci\u00f3n para utilizar sus datos despu\u00e9s de haber cancelado los servicios con la empresa. A su vez, denunci\u00f3 que el cobro indebido del seguro le provoc\u00f3 un perjuicio econ\u00f3mico ya que no pod\u00eda pagar otras facturas de las que deb\u00eda hacerse cargo.<\/p>\n Ante estos sucesos, la Audiencia Nacional estima que la aseguradora est\u00e1 obligada a cancelar los datos de la antigua titular del veh\u00edculo en el momento en que se cancela la p\u00f3liza. El hecho de que se haya producido un error en el sistema inform\u00e1tico de su empresa no es motivo justificable para utilizar los datos del reclamante, ya que estos no deben aparecer en la base de datos. Por tanto, el \u00f3rgano jurisdiccional afirma que se ha producido una vulnerabilidad del art\u00edculo 6 del Reglamento General de Protecci\u00f3n de Datos<\/a> (RGPD) considerando como muy grave la infracci\u00f3n cometida que, seg\u00fan el art\u00edculo 83.5 de la misma normativa, esta clase de situaciones est\u00e1 penada con una sanci\u00f3n de 20.000 euros.<\/p>\n Bego\u00f1a Fern\u00e1ndez<\/strong>, ponente de la sentencia, estima una vulneraci\u00f3n del principio de consentimiento en el tratamiento de los datos personales en cuanto \u201cconstituye uno de los pilares b\u00e1sicos de la normativa de protecci\u00f3n de datos\u201d. Es decir, que por el hecho de mantener los datos en el sistema inform\u00e1tico una vez se ha concluido el acuerdo de p\u00f3liza, constituye un \u201csigno evidente de culpabilidad por falta de la diligencia exigible en la comprobaci\u00f3n de la existencia del consentimiento del afectado para el tratamiento de sus datos de car\u00e1cter personal\u201d.<\/p>\n Los magistrados fallan en contra de Allianz porque consideran a la aseguradora responsable de la infracci\u00f3n cometida a pesar de ser un fallo inform\u00e1tico reconocido por la entidad. \"La propia actora reconoce ese error porque el sistema interno arrastr\u00f3 los datos a trav\u00e9s de la matr\u00edcula del veh\u00edculo lo que constata que la actora no puso la diligencia que debe ser exigida en la materia que nos ocupa, por lo que debemos analizar la existencia de infracci\u00f3n del art. 6.1 RGPD\".<\/p>\n Por lo tanto, la Audiencia Nacional afirma que los hechos producidos se consideran como una infracci\u00f3n muy grave que, seg\u00fan lo estipulado en el art\u00edculo que se ha vulnerado, este tipo de comportamientos est\u00e1n sancionados con multas de 20.000 hasta los 30.000 euros<\/strong>. Los magistrados, en este caso concreto, rebajan la sanci\u00f3n y condenan a la empresa a indemnizar con 20.000 euros al tratarse de un caso aislado.<\/p>\n<\/div>\ntratamiento ilegal<\/h3>\n