Suscr\u00edbete<\/a><\/div>\n<\/section>\nEl Ministerio Fiscal ejerce sus funciones por medio de \u00f3rganos propios conforme a los principios de unidad de actuaci\u00f3n y dependencia jer\u00e1rquica. Si los fiscales se oponen a las \u00f3rdenes de sus jefes, pueden pedir la convocatoria de una Junta de Fiscales de Sala para debatir el asunto, aunque la \u00faltima decisi\u00f3n siempre corresponde al fiscal general del Estado.<\/p>\n
En su escrito, Garc\u00eda Ortiz encadena cr\u00edticas y censuras a los \u201cborradores de informes\u201d redactados por los cuatro fiscales del proceso<\/i>.<\/p>\n
\u201cInformes improcedentes que comprometen la imagen de neutralidad de la Fiscal\u00eda\u201d. <\/b>El fiscal general reprocha a los cuatro fiscales que \u201clos borradores de informe presentados utilizan de forma profusa argumentos que desbordan el plano estrictamente jur\u00eddico, que comprometen la necesaria imagen de neutralidad e imparcialidad del Ministerio Fiscal y que, por ello, resultan de todo punto improcedentes. \u201d.<\/p>\n
\u201cLas propuestas no respetan las instrucciones vigentes\u201d.<\/b> Los borradores de informe de los fiscales del proceso<\/i> \u201cno respetan las disposiciones contenidas en la Instrucci\u00f3n de la Fiscal\u00eda General del Estado de 2012 sobre criterios a seguir en la tramitaci\u00f3n de las cuestiones de inconstitucionalidad\u201d, escribe \u00c1lvaro Ortiz. Los cuatro fiscales pretenden \u201cpromover sendas cuestiones de inconstitucionalidad sin recabar previamente el parecer de la Fiscal\u00eda ante el Tribunal Constitucional ni la conformidad de la Fiscal\u00eda General del Estado, tal y como disponer dos circulares y una instrucci\u00f3n\u201d.<\/p>\n
\u201cAn\u00e1lisis de presunta inconstitucionalidad manifiestamente incompleto\u201d. <\/b>\u201cEl an\u00e1lisis que se efect\u00faa a prop\u00f3sito de la presunta inconstitucionalidad de la Ley Org\u00e1nica 1\/2024 resulta manifiestamente incompleto, pues no se examina de un modo exhaustivo la jurisprudencia constitucional y del Tribunal Supremo, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Uni\u00f3n Europea y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Tampoco examine el tratamiento que la amnist\u00eda recibe actualmente en el conjunto de nuestro ordenamiento jur\u00eddico. Por consiguiente, los argumentos que sobre este particular se contienen en los proyectos de informe son insuficientes para poner en duda la constitucionalidad de la norma\u201d.<\/p>\n
\u201cInterpretaci\u00f3n contraria a lo que dice la Ley\u201d. <\/b>Los cuatro fiscales del proceso<\/i> entienden que la ley de amnist\u00eda no se puede aplicar a los dirigentes independentistas condenados o imputados por malversaci\u00f3n dado que en su actuaci\u00f3n s\u00ed hubo \u00e1nimo de lucro, seg\u00fan la interpretaci\u00f3n del Tribunal Supremo. \u201cLa interpretaci\u00f3n que se efect\u00faa a prop\u00f3sito de la imposibilidad de entender que el delito de malversaci\u00f3n atribuido a los condenados y encausados \u200b\u200bse encuentra comprendido en el \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n resulta contraria al tenor de los arts. 1.1.a) yb) y 1.4 de la norma. Esa interpretaci\u00f3n contradice el propio tenor literal de los preceptos rese\u00f1ados\u201d.<\/p>\n
Esos preceptos se\u00f1alan textualmente: \u201cEn todo caso, se entender\u00e1n comprendidos en este supuesto los actos tipificados como delitos de usurpaci\u00f3n de funciones p\u00fablicas o de malversaci\u00f3n, \u00fanicamente cuando est\u00e9n dirigidos a financiar, sufragar o facilitar la realizaci\u00f3n de cualesquiera de las conductas descritas en el primer p\u00e1rrafo de esta letra, directamente oa trav\u00e9s de cualquier entidad p\u00fablica o privada, siempre que no haya existido prop\u00f3sito de enriquecimiento, as\u00ed como cualquier otro acto tipificado como delito que tuviere id\u00e9ntica finalidad. No se considerar\u00e1 enriquecimiento la aplicaci\u00f3n de fondos p\u00fablicos a las finalidades previstas en los apartados a) yb) cuando, independientemente de su adecuaci\u00f3n al ordenamiento jur\u00eddico, no haya tenido el prop\u00f3sito de obtener un beneficio personal de car\u00e1cter patrimonial\u201d.<\/p>\n
Adem\u00e1s, el fiscal general tambi\u00e9n critica el informe de los cuatro fiscales del Supremo porque supone \u201cun an\u00e1lisis manifiestamente incompleto de los conceptos de 'intereses financieros' de la Uni\u00f3n Europea y de 'perjuicio a los intereses financieros' de la Uni\u00f3n, pues no se analiza de un modo exhaustivo la jurisprudencia emanada del Tribunal de Justicia de la Uni\u00f3n Europea ni el tratamiento ofrecido a dichos conceptos por el ordenamiento jur\u00eddico europeo. An\u00e1lisis que, por lo dem\u00e1s, permite alcanzar una conclusi\u00f3n contraria a la formulada en los proyectos de informe presentados\u201d.<\/p>\n
\u201cPor consiguiente\u201d, a\u00f1ade Garc\u00eda Ortiz, \u201cdebo concluir que los argumentos que sobre este particular se contienen en los proyectos de informe son insuficientes para poner en duda la posibilidad de entender amnistiados los delitos de malversaci\u00f3n objeto de autos\u201d.<\/p>\n
En un documento adjunto de 114 p\u00e1ginas, el fiscal general desglosa cada uno de los apartados que figuran en el decreto \u2015sobre la constitucionalidad de la ley de amnist\u00eda, sobre el delito de malversaci\u00f3n amnist\u00edado, sobre el no perjuicio a los intereses financieros de la UE , o sobre las valoraciones pol\u00edticas en un informe de Fiscal\u00eda\u2015 para argumentar sus cr\u00edticas al informe de los cuatro fiscales.<\/p>\n
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