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El expresidente catalán Carles Puigdemont, este jueves en Bruselas.
El expresidente catalán Carles Puigdemont, este jueves en Bruselas.YVES HERMAN (REUTERS)

La Fiscalía ya ha movido ficha en el caso Tsunami Democrático y ha presentado este viernes su recurso contra la resolución dictada el pasado lunes por el juez instructor Manuel García-Castellón en la que citaba como imputados por presuntos delitos de terrorismo al expresidente catalán Carles Puigdemont (Junts) y a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, entre otros. El ministerio público considera que los indicios para imputar a Puigdemont son “insuficientes”. También añade que la Audiencia Nacional carece de competencias para seguir adelante con estas pesquisas, por lo que deberían enviarse a los juzgados catalanes, ya que durante los cuatro años de investigación no se han encontrado “elementos” suficientes que permitan “sostener la existencia de una organización o grupo criminal, ni tampoco el carácter terrorista” de los hechos bajo sospecha.

El pasado lunes, tras conocerse el auto del magistrado (que llegó tras un amplio informe de la Guardia Civil que señalaba a Rovira y salpicaba a Puigdemont), fuentes fiscales ya indicaron que la acusación pública daría el paso que ha materializado este viernes, con la presentación del recurso de apelación dirigido directamente a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. En estos días, además, el El PSOE ha cerrado el acuerdo de investidura con Juntsque prevé impulsar una ley de amnistía que salvaría a “responsables” políticos y “ciudadanos” que, antes y después de la consulta de 2014 y del referéndum ilegal de 2017, “han sido objeto de decisiones o procesos judiciales vinculados a estos eventos” .

La Fiscalía dedica buena parte de su escrito a contrarrestar los argumentos expuestos por García-Castellón para citar como imputado a Puigdemont, fugado en Bélgica desde 2017. Entre otros aspectos, el ministerio público considera “significativo” que, a diferencia de otros sospechosos, la Guardia Civil no dedicará en su informe “ningún apartado o capítulo” al ex presidente: “Ni se le atribuyan hechos concretos en relación con actividades delictivas relacionadas con Tsunami”. “Examinados los fundamentos en tal sentido de la resolución impugnada, es claro que no puede establecerse conjetura algún respecto de la responsabilidad penal en los presentes procedimientos de la citada persona”, afirma.

El documento, firmado por el antiguo teniente fiscal Miguel Ángel Carballo, también se refiere a Marta Rovira, huida en Suiza desde 2018: “No está en absoluto acreditado en los informes incorporados a las actuaciones, (que ella hizo) labores de coordinación de la plataforma Tsunamic Democràtic”. El ministerio público apunta que las actuaciones que se le atribuyen “carecen de toda entidad delictiva, más allá de su simpatía o apoyo a la plataforma”: “Su participación en una reunión en Ginebra y su intervención en diversos chats, en los que coinciden con alguno de los investigados, no acredita mayor participación”.

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