El PP propone la disolución de partidos que promuevan declaraciones de independencia o un referéndum ilegal | España

El PP ha contraatacado formalmente a la ley de amnistía desde el Congreso al registrador su enmienda a la totalidad, un texto alternativo que rechaza todo el contenido de la iniciativa socialista, y que presentarán en la tarde de este miércoles en la Cámara baja. En ese documento, los populares proponentes incluyen una serie de delitos de “deslealtad constitucional”, una figura avanzada por Alberto Núñez Feijóo en el debate de su investidura fallida. Esta tipificación, que supone la reforma del Código Penal según los populares, castigará “aquellas autoridades que promuevan la inobservancia de las leyes o incumplimiento de las resoluciones judiciales buscando perjudicar la unidad” del país. Así lo ha explicado el portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, en una rueda de prensa celebrada en la sede de la formación antes de publicar el contenido concreto de la enmienda. “Proponemos el rearme y el fortalecimiento del Estado y de nuestra democracia (…) Tipificando las declaraciones de independencia y los referéndums o consultas ilegales y promoviendo la disolución de asociaciones o personas jurídicas que incurran en cualquiera de estos delitos”, ha añadido el dirigente popular. Vox ha presentado otra enmienda a la totalidad a la norma, argumentando que implicar atentar “directamente contra los principios constitucionales y el Estado de derecho”.

Fuentes de la ejecutiva aclaran que “personas jurídicas engloba todo”. Y, por fin, también a los partidos políticos. Además, implicaría la “suspensión de sus actividades”. La introducción de este delito obedece a la eliminación por parte del Gobierno de Pedro Sánchez de “instrumentos jurídicos” que antes permitían perseguir estas acciones. En concreto, Tellado ha citado la derogación del delito de sedición y la rebaja del delito de malversación impulsada por la coalición en otoño de 2022 y ratificados después por el Congreso. En 2017, el Ejecutivo de Mariano Rajoy activó desde las Cortes el artículo 155 de la Constitución para vaciar de poder a la Generalitat tras el referéndum ilegal del 1-0 y la declaración unilateral de independencia. El PSOE apoyó dicha medida.

La propuesta de disolver partidos, que en este caso se referiría a Junts y ERC, supone una vía no utilizada entonces. Desde el PP consideran que en aquel momento no era necesario y sí ahora por la falta de “consenso político” para luchar contra esas prácticas que se da en la actualidad, argumenta la ejecutiva popular. En cualquier caso, la mayoría parlamentaria que aprobó la toma en consideración de la proposición de ley de amnistía el pasado 12 de diciembre, por 178 votos, podrá tumbar la enmienda total del PP. El debate está previsto para el próximo día 9, después de que el Congreso apruebe enero como mes hábil, a diferencia de lo que suele ocurrir. “Un pleno extraordinario con cierta nocturnidad y con un calendario perverso ideado desde Moncloa, impuesto a la presidenta Armengol”, ha dicho al respecto Tellado.

La posición del PP con esta enmienda choca con la mantenida por los populares en el pleno celebrado en el Senado el pasado 21 de noviembre. Ese día, Vox impulsó un movimiento en la Cámara alta con la que pretendía instar al Gobierno a solicitar la ilegalización de ERC y Junts, a los que se refirió como “ultraderecha supremacista”. La moción del partido de Santiago Abascal se encontró con 257 votos en contra, también los del PP, frente a los únicos tres de sus senadores. La popular María Yolanda Ibarrola la rechazó con contundencia desde la tribuna: “La traen a sabiendas de que esta demanda no prosperaría en el Tribunal Supremo. La disolución de un partido político es de las medidas más graves que pueden ser adoptadas en democracia”. Vox también ha registrado en el Congreso su enmienda a la totalidad de la ley de amnistía.

Relación con Junts

La propuesta tampoco casa con declaraciones de dirigentes del Partido Popular vertidas durante los últimos meses. Tras las elecciones del 23-J, el PP se abrió a “hablar” con Junts ante la mayoría insuficiente de Feijóo para ser investido pese a haber ganado los comicios. Sin embargo, dentro del partido hubo discrepancias encontradas sobre si esa relación con la formación de Puigdemont era coherente con sus planteamientos. Así, sobre todo en agosto, los populares fueron dando bandazos en boca. de sus dirigentes sobre si Junts era un interlocutor válido o no. “Es un partido cuya tradición y legalidad no están en duda”, llegó a decir el vicesecretario Esteban González Pons después de que el PP los hubiera tachado reiteradamente de “golpistas”. Y a diferencia de lo que implica su enmienda a la totalidad de la ley de amnistía.

La estrategia de confrontación total contra la ley de amnistía por parte del PP no acabará con la presentación. Tellado ha indicado que “el objetivo es frenar y revertir el daño que socialistas e independentistas están haciendo a las instituciones” del país y supone “el punto de partido de una actividad social y legal”. Pero, de momento, la propuesta seguirá su tramitación salvo sobresaltos con los 178 votos de PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, PNV, Junts y BNG.

Enmienda de Vox

El otro gran partido de la derecha, Vox, ha presentado también este miércoles una enmienda a la totalidad de la iniciativa del PSOE, en cuyos motivos propone incluir el delito de “negociar con personas condenadas judicialmente, o procesadas o sustraídas a la acción de la justicia (…) los asuntos que son objeto de competencia de las Cortes Generales”. Precisa que esos condenados o procesados ​​lo serán por los delitos tipificados en el Código Penal en los títulos XXI (delitos contra la Constitución, que incluye los de rebelión, contra la Corona y contra las instituciones del Estado, entre otros), XXII (delitos contra el orden público, como los de sedición, atentado contra la autoridad, de desórdenes públicos, etcétera), y XXIII (de tradición y contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la Defensa Nacional).

“El actual Gobierno de España ha impulsado, oficialmente o de hecho, normas que atentan directamente contra los principios constitucionales y el Estado de Derecho, y también contra las más elementales normas de procedimiento legislativo en un sistema democrático”, señala la formación en la exposición de motivos de su enmienda. “Se ha llegado a promover una proposición de ley para amnistiar a los delincuentes que perpetraron un golpe contra el orden constitucional, la unidad nacional y la convivencia de los españoles desde las instituciones regionales de Cataluña, a cambio de los votos de los representantes parlamentarios en la investidura del presidente del Gobierno”, prosigue.

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