En una decisión bomba sin precedentes que podría alterar el futuro político de Estados Unidos, el Tribunal Supremo de Colorado decidió este martes que no permitirá a Donald Trump presentarse a las primarias presidenciales de ese Estado del Oeste del país. La reñida resolución, que salió adelante con cuatro votos a favor y tres en contra, da por buena la teoría. Jurídico que considera que la participación del entonces presidente republicano en los hechos que condujeron al ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021, que califican de “insurrección”, son suficientes, en virtud de la decimocuarta enmienda, para descalificarlo como candidato.
La decisión admite recurso ante el Supremo de Washington, que cuenta con una supermayoría conservadora de seis contra tres, inédita desde los años treinta. Tres de sus magistrados fueron además nombrados durante la única legislatura de Trump en la Casa Blanca. No está, con todo, garantizado que lo estudien: también pueden decidir que no les competir ocuparse del caso.
Inmediatamente después de conocerse la decisión judicial, la campaña del republicano anunció que buscaría “enérgicamente” justicia en el alto tribunal federal. De momento, la decisión de Colorado concede una moratoria a los abogados del magnate para que puedan apelar hasta el 4 de enero.
La Constitución estadounidense no prohíbe ser presidente a un investigado por un delito federal; tampoco aspirar a ello, aunque, como es el caso, se enfrenta a 94 cargos en cuatro causas distintas, por su presunta implicación en el ataque al Capitolio, por delitos electorales y por su manejo de papeles clasificados en su residencia privada de María. -Lago. Ni siquiera existe esa salvación en el texto fundamental si este acaba en la cárcel.
Pero la enmienda decimocuarta sí aporta una excepción en su parte tercera. Es la “cláusula de descalificación”, y dice: “Ninguna persona podrá ser (…) presidente (…) si, habiendo prestado previamente juramento de apoyo a la Constitución de Estados Unidos, ha participado en una insurrección o rebelión contra la misma, o dado ayuda o consuelo a sus enemigos”. El texto también advierte que el Congreso puede levantar ese veto si reúne una mayoría de dos tercios.
Tras la Guerra de Secesión
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Aprobada en 1868, es una de las enmiendas más influyentes de la historia de la democracia norteamericana, y sirvió para otorgar la ciudadanía a toda persona “nacida o naturalizada en Estados Unidos”, también las que habían sido esclavizadas, y garantizar la igualdad de todos. los ciudadanos ante la ley. La sección tercera estaba pensada para evitar la reincidencia de los sublevados de la Confederación, vencidos en la Guerra Civil (1861-1865). Se ha aplicado en muy contadas ocasiones, solo dos desde 1919.
La teoría legal que hay tras la decisión de Colorado comenzó a tomar fuerza en verano, tras la difusión de un artículo científico de 126 páginas para la revista jurídica de la Universidad de Pensilvania. Titulado La extensión y la fuerza de la sección tercera, lo firmaban William Baude y Michael Stokes Paulsen, dos reputados académicos conservadores, que argumentaban que la cláusula tercera encaja con los actos de Trump, sobre todo por su arena a la turba que se concentró el seis de enero en Washington y acabó asaltando el Capitolio y por las presiones que ejerció a su vicepresidente Mike Pence para que interrumpiera la transferencia de poder a Joe Biden, legítimo vencedor de las elecciones de noviembre de 2020.
La teoría de la decimocuarta enmienda, algo así como un botón nuclear para quienes temen las consecuencias para la democracia de una vuelta de Trump al poder, se ha empleado para abrir causas parecidas, desestimadas por motivos de procedimiento, en Nuevo Hampshire y Minesota. En Michigan, un magistrado se sacó de encima otra demanda similar alegando que veía motivaciones políticas en ese intento de inhabilitación. Su decisión es recurrente en el Supremo del Estado.
“No hemos llegado a estas conclusiones a la ligera”, se puede leer en la opinión mayoritaria del Supremo de Colorado. “Somos conscientes de la magnitud y el peso de las preguntas que ahora tenemos ante nosotros. Asimismo, somos conscientes de nuestro deber solemne de aplicar la ley, sin miedo ni favoritismos, y sin dejarnos llevar por la reacción del público a las decisiones que la ley exige que tomemos”.
Sarah Wallace, jueza de un circuito inferior, dictó el mes pasado en Denver que el artículo no se aplicaba en el caso de Trump. Su decisión sí concluyó que “Trump participó en una insurrección el 6 de enero de 2021, que él mismo incitó”. Y no escatimaba en su reprimenda, al decir que sabía que “(su) retórica incendiaria (de aquel día), viniendo de un orador que habitualmente abrazaba la violencia política y que había inflamado la ira de sus partidarios antes de la certificación (del triunfo). legítimo de Biden), probablemente incitaría a la anarquía y el desorden inminentes”.
La cláusula tercera habla de senadores y congresistas, pero no alude específicamente al cargo de presidente, opinó en su argumentación Wallace. “Tras considerar los argumentos de ambas partes, este tribunal está convencido de que, por lo que sea, los redactores de ese texto no quisieron incluir a quien hubiera prestado juramento presidencial”, escribió.
La demanda la había presentado una organización de Washington llamada Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética (CREW son sus siglas en inglés), con experiencia en enfrentarse judicialmente a Trump. En una entrevista con EL PAÍS en septiembre pasado, Donald Sherman, su vicepresidente, declaró: “Hay evidencias abrumadoras de que la cláusula puede activarse en este caso. El concepto es sencillo de entender, aunque la litigación no lo vaya a ser”. CREW logró que se aplicara el año pasado la cláusula para impedir en Nuevo México el desempeño de un cargo público a Cuoy Griffin, fundador del grupo Cowboys for Trump.
El expresidente encabeza con un notable margen todas las encuestas de intención de voto para ser designado candidato por el Partido Republicano en la cita con las urnas de noviembre de 2024. A pocas semanas del inicio del proceso, con los caucus de Iowa a mediados de enero como pistoletazo de salida, solo una decisión como la conocida este martes en Colorado, un auténtico bombazo para la política estadounidense, parece capaz de detener a estas alturas su camino hacia la Casa Blanca, donde le espera, del lado demócrata, el actual presidente, Joe Biden, que también aspira a repetir como candidato.
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