Bronca en el Senado por la constitucionalidad de la reforma exprés del Reglamento que frena la urgencia de la ley de amnistía | España

Si alguien hubiera escrito a mano las veces que se ha repetido las palabras Constitución, constitucional oh inconstitucional, este martes en el Senado, habría podido llenar folios. Las acusaciones de vulnerar la Carta Magna que se han lanzado de una bancada a otra han copado todo el debate de la reforma del Reglamento de la Cámara alta, celebrado este martes. El pleno ha sacado adelante con la mayoría absoluta del PP, por 147 votos a favor y 133 en contra, la modificación propuesta por los populares para retrasar la tramitación de las proposiciones de ley de los grupos parlamentarios que lleguen desde el Congreso calificadas de urgentes. Con este cambio, solventado de forma exprés, el Partido Popular pretende torpedear el camino parlamentario de la futura ley de amnistía, registrado por lo socialistas precisamente con carácter de urgencia Este lunes. Durante el debate, los senadores del bloque de izquierdas han acusado al Partido Popular de vulnerar la Carta Magna con esta reforma. El PSOE ha ido más lejos y ha avanzado que recurrirá la modificación al Tribunal Constitucional apelando a la jurisprudencia del alto tribunal plasmada en su sentencia 97/2002. Frente, la derecha ha cargado contra los socialistas por contravenir, a su juicio, la Constitución con la medida de gracia a los encausados ​​por el proceso.

La modificación reglamentaria aprobada este martes implica la reformulación del artículo 133 del Reglamento. De esta forma, cuando la proposición de ley de amnistía entre en la Cámara alta, los senadores tendrán hasta dos meses —en lugar de los 20 días previstos hasta ahora— para su tramitación y devolución posterior al Congreso, que podrá ratificarla definitivamente aunque más tarde. Los pretenden populares durante ese plazo extra que han conseguido este martes llevar catedráticos, expertos y juristas que avalen su rechazo a la medida de gracia a las comisiones del Senado para reforzar sus argumentos desde su fortín de la Cámara alta, donde tienen mayoría absoluta, además de incluir dictamenes y estudios.

También planean pedir un informe al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), de mayoría conservadora y cuyo mandato lleva casi cinco años caducado, conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). Lo que no podría en cualquier caso el PP es frenar la tramitación de la iniciativa en la Mesa del Senado, según admitir fuentes populares de la Cámara alta, pese a que miembros de la dirección del partido hayan insinuado que podrían tomar esa decisión cuando el texto Llegue desde el Congreso, que se prevé para febrero.

—¡Qué urgencia tienen en reunirnos hoy a todos aquí. ¿Para vulnerar la Constitución en un pleno extraordinario? ¡Vuelvan a la Constitución!—, ha lanzado el senador Enric Xavier Morera, del grupo Izquierda Confederal, a los populares, que respondían desde sus escaños con murmullo y risas.

—Alguna iniciativa que ayer (este lunes) se presentó tiene visos de inconstitucionalidad. Tiene lo suyo hablar aquí de saltarse la constitución con lo que están haciendo—, ha ironizado el portavoz del PP, Eloy Suárez, en referencia a la futura ley de amnistía.

Desde el bloque que apoya la investidura de Pedro Sánchez se ha insistido en que la reforma del PP contraviene el artículo 90.3 de la Constitución, que indica: “El plazo de dos meses de que el Senado dispone para vetar o enmendar el proyecto se reducirá al de veinte días naturales en los proyectos declarados urgentes por el Gobierno o por el Congreso de los Diputados”. Según la sentencia 97/2002, del alto tribunal, cuando se habla de “proyectos” de ley en la Carta Magna calificados como urgentes también se alude a las proposiciones de ley de los grupos parlamentarios, aunque no se mencione expresamente, estableciendo la preeminencia del Congreso a la hora de calificar una norma, según ha registrado el portavoz del PNV.

—Es una reforma antirreglamentaria y anticonstitucional. Ejercitaremos nuestro derecho de recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional—, ha avisado el senador socialista Manuel Fajardo.

—Pretenden una mutación constitucional instaurando bicameralismo perfecto. La doctrina es clara sobre la prevalencia del Congreso. ¿Cuál es el problema? La amnistía—, ha añadido el senador de ERC Josep Maria Reniu.

Así, para los grupos que han votado en contra de la reforma, el PP ha hecho “filibusterismo parlamentario” —como ha indicado el senador de Junts Josep Lluís Cleries—, con el único propósito de entorpecer la tramitación de la ley de amnistía, negociada por los socialistas con las fuerzas independentistas catalanas para la investidura de Sánchez. “El grupo parlamentario socialista lo que está haciendo con esto es política en mayúsculas. Estamos haciendo una negociación absolutamente democrática”, sentenció Cleries. Con la dilatación de la amnistía, el líder de su partido, Carles Puigdemont, vería retrasada su eventual vuelta a España sin orden de detención.

—Traen una sentencia que no viene al caso, como la que citan en la ley de amnistía. Esta reforma creemos que es buena. (Los informes y) todo lo que pueda ayudar a conformar una opinión razonada y razonable, (para que) no pasen cosas como la ley del sí es sí—, ha proseguido el senador popular Eloy Suárez.

Además de los obstáculos a la ley de amnistía, el PP introdujo a última hora dos enmiendas a su propia propuesta de reforma del Reglamento para obligar al presidente del Gobierno ya los ministros a comparar en los plenos del Senado cuando sean requeridos. Hasta ahora solo era obligatorio que compararan en comisión. El Partido Popular cargó contra los miembros del actual Ejecutivo en funciones por no asistir al pleno de la semana pasada, al que solo acudieron los ministros que recibieron preguntas en la sesión de control. El PSOE replicó que su presencia no estaba regulada en el Reglamento. De ahi este cambio introducido posteriormente.

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