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El PSOE y Junts han cerrado definitivamente el acuerdo para la ley de amnistía y con ello dan vía libre a la investidura de Pedro Sánchez, que será en los próximos días, según fuentes de la negociación. Falta por firmar el acuerdo con el PNV, pero los socialistas aseguran que está muy avanzado y esperando a tenerlo cerrado. Todo estaba preparado para cerrar el acuerdo con Junts la semana pasada, el jueves, pero las negociaciones se han retrasado una semana sobre todo por el temor de los independentistas a que una redacción no rotunda de la ley pudiera dejar fuera de la amnistía a algunas personas del entorno de Carles Puigdemont y sobre todo abre la puerta a que algunos jueces que claramente están en contra podrían encontrar algún recoveco legal para no aplicarla en sus casos. Después de unos intensos días de negociación técnica, y con Santos Cerdán, número tres del PSOE, instalado en Bruselas, y Puigdemont al frente del equipo de Junts, el acuerdo se cerró de madrugada en Bruselas. En los últimos días, había inquietud porque el acuerdo se estaba retrasando, pero en ninguno de los dos partidos existía la sensación de que el pacto estaba en riesgo. Una vez cerrado es difícil que la investidura llegue esta semana, porque habría que forzar mucho, pero sí podría ser nada más arrancar la próxima, lunes y martes.

Todo está previsto ya para oficializar el acuerdo, en Bruselas, con una foto en la que están llamados a aparecer Jordi Turull, secretario general de Junts, y Santos Cerdán, secretario de organización del PSOE. Ambos han actuado como delegados de plena confianza de Carles Puigdemont y Pedro Sánchez, respectivamente. Un reducido grupo de personas de la dirección de Junts está viajando a esta hora de Barcelona a Bruselas para poder asistir al acto de formalización del acuerdo.

Durante los últimos días, el ruido de los disturbios en Madrid de los grupos ultra en contra de la amnistía no es lo único que ha resonado entre los negociadores del PSOE y Junts en Bruselas. Más clara aún se ha escuchado la contestación de parte de la judicatura, desde la declaración institucional contra la medida de gracia. promovida por la mayoría conservadora del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a las acciones del último momento del juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, imputando al expresidente Carles Puigdemont por el caso Tsunami Democrático, donde el magistrado, en contra de la opinión de la fiscalía, ve posibles delitos de terrorismo. Un mensaje que ha convencido a las dos partes negociadoras de que la ley pactada tendrá que estar blindada. “Que no quepa otra interpretación posible”, mantiene las partes. Las negociaciones no fueron, en las últimas horas, políticas, sino que estaban en manos de los expertos jurídicos de las dos partes, que son los que analizan los papeles “intercambiados” en un “flujo constante” que no se ha interrumpido en ningún momento. , confirman todas las partes.

El auto de García-Castellón del pasado lunes, según fuentes de la negociación, hizo que Junts haya querido revisar uno a uno todos los artículos de una ley que ya estaba prácticamente cerrados para estar 100% seguro de que jueces como el magistrado que citó a Puigdemont y Rovira como imputados, y que sería uno de los que tendría que aplicar la amnistía, no pueda encontrar resquicios legales para dejar en nada una ley que tanto está costando negociar. El temor de Junts es que suceda como pasó con la reforma que implicó eliminar el delito de sedición y cambiar el de malversación, y que quedó prácticamente en nada cuando el Tribunal Supremo decidió que esos cambios no eran aplicables a las causas contra los líderes del proceso.

La ley debe ser “intocable” y tiene que estar “hecha a la perfección jurídica”, señalan las fuentes conocedoras de las negociaciones, porque no puede tener fisura alguna que la haga vulnerable tanto ante el camino legislativo que tendrá que afrontar. “Sabemos que van a diseccionar la ley” ya poner “a los mejores de los suyos” a buscar debilidades, indican las fuentes consultadas.

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En el PSOE había preocupación por el retraso, pero los dirigentes más informados estaban seguros de que habría investidura. El propio Sánchez, que acudió este miércoles a la sede de la calle de Ferraz para apoyar a los trabajadores del PSOE, lanzó un mensaje claro para tranquilizar a todos. “Habrá Gobierno y vamos a seguir cuatro años más”, aseguró dando por hecho el acuerdo. Los socialistas creen, además, que las protestas violentas están sirviendo para recordar a muchos progresistas por qué votaron al PSOE oa Sumar en las elecciones generales del pasado 23 de julio: en buena parte para evitar que alguien como Santiago Abascal, que alienta estas protestas y pide a la policía que desobedezca al gobierno, fuera vicepresidente de Alberto Núñez Feijóo. Esa presión, por tanto, podría ser contraproducente para la derecha y servir de pegamento en una izquierda desconcertada ante el retraso de la investidura, según analizan varios dirigentes.

Junts no tenía tanta prisa como el PSOE. Cada día que pasaba era un más protagonismo para Carles Puigdemont, y permitiría ganar distancia respecto del acuerdo que cerró el PSOE con Esquerra la semana pasada. Un pacto que activa el traspaso de los trenes de cercanías a la Generalitat y que da luz verde a una quita de casi el 20% de la deuda de Cataluña con el Fondo de Liquidez Autonómica (15.000 millones de euros).

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