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Los okupas han llegado antes que las máquinas al centro de salud de Pinilla. Un edificio de hormigón de los años setenta en muy mal estado que comenzó a reformarse en mayo de 2021 con 2,7 millones de euros, pero que vio truncadas sus obras casi al inicio. Dos años largos después, el estado de abandono de la construcción y la facilidad de acceso a través de unas vallas dobladas y en algunos tramos arrancadas ha favorecido la instalación en su sótano de al menos tres personas, según confirma la Policía.

Se trata de una pareja conocida por los agentes y un amigo que han aprovechado varios colchones y muebles para pernoctar en el interior del inmueble. Los vecinos han apreciado que en la parte trasera del ambulatorio se han diseminado determinadas basuras, entre ellas, jeringuillas y cánulas.

Las fuerzas del orden atribuyen a estos nuevos inquilinos del centro de salud la entrada hace una semana en una vivienda del barrio cuya dueña se encuentra en una residencia y de donde se habrían llevado «una estufa, una televisión y varios objetos».

De modo, que la tardanza en poder reanudarse los trabajos de rehabilitación en el centro de salud han convertido la instalación sanitaria en un lugar de cobijo para, de momento, tres personas. Tras la ruptura entre Sacyl y la adjudicataria de la reforma del ambulatorio de Pinilla, Sanidad logró resolver las galimatías burocráticos relicitando la obra a la empresa García de Celis por 3,78 millones de euros y un plazo de quince meses. Los 20.000 vecinos del municipio de San Andrés del Rabanedo y Sariegos que están adscritos a este ambulatorio verán acabado su nuevo centro, según las previsiones, a comienzos de 2025, si los nuevos okupantes no retrasan el inicio de los trabajos. Los pacientes son atendidos ahora en dos plantas habilitadas para ellos en el Hospital San Juan de Dios. La modernización de este edificio, muy demandada desde hace casi dos décadas, se complicó por unos problemas de carbonatación en sus pilares, presuntamente no contemplados en el proyecto, lo que tensó la relación de la primera adjudicataria, Vilor, con la Junta. Se rompió el contrato y se ha vuelto a adjudicar ahora.

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