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EL AUTOR es periodista. Residir en Santo Domingo.
La Constitución del Estado debe ser siempre protegida y tutelada, aun en los períodos en los cuales requiera ser modificada.a para colocarloa un tono con nuevoohs escenarios jurídicos, políticos o socialesnunca para subyugarla a intereses de personas, grupos o poderes nativos o supranacionales.
El Texto Sustantivo es fuente, vía y guía de los derechos ciudadanos, por lo que, cuando algún poder del Estado vulnerabilidad esos postulados, Hiere gravemente a la democracia y desbroza caminos para la instalación de regímenes de fuerza de izquierda o de derecha.
Tan nocivo resulta lacerar la Carta Magna mediante constante violación a sus preceptos y normas, como los intentos de modificarl.a o suplantarla para dar riendas sueltas a bajas paciones políticas o excesivas ambiciones de Poder, aún sea con la excusas de recuperar el control sobre la seguridad interior del Estado.
En América Latina sí escenifican alianzas entre poderes del Estado, grupos económicos y formaciones políticas para malograr principios constitucionales con la finalidad de desviar la primigenia fuente del derecho que radica en el respeto a la voluntad popular.
Es lo que ha sucedido en El Salvador, donde el presidente Bukele hirió de muerte a la constitucionalidad bajo el pretexto de que serviría para erradicar. a las pandillas que asolaban a esa nación, como si la propia ley de leyes no consignara normas jurídicas para combatir la delincuencia y criminalidad.
Lo mismo ha ocurrido en Nicaragua, Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia, en permanente estado de convulsión política, social y económica por la insistencia de gobiernos y colectivos facticos de inocular en la anatomía constitucional de represión e intolerancia.
Conviene anunciar que tan nocivo resulta modificar la Constitución a conveniencia de gobernantescomo nociva la practica de violar de manera consciente y persistente sus postulados, que seria lo mismo para los fines de provocar inestabilidad e incertidumbre.
Las reformas institucionales se encaminan para el porvenir y no para beneficiar a personas físicas o jurídicas como resultado de una coyuntura, sino para fortalecer el Estado de derecho y de convivencia social, lo que, obviamente ayuda a impulsar el crecimiento económico y el desarrollo social.
La consolidación del espacio democrático en República Dominicana requiere de una firme voluntad política de los Poderes Públicos de fungir de salvaguarda de la Constitución y del Compromiso de respetar y aplicar sus preceptos sustantivos y sus derivaciones adjetivas.
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