El Gobierno catalán, forzado a rebajar su plan para cerrar millas de pisos turísticos por falta de apoyos | Cataluña | España

Duro correctivo al plan del Gobierno catalán que pretendía regular el mercado de pisos turísticos y cerrar hasta 28.000 alojamientos de este tipo. El Govern de Pere Aragonès se ha visto obligado a esta mañana a flexibilizar su plan ante la falta de apoyos parlamentarios. El PSC ha forzado a ERC a alcanzar un acuerdo de última hora que modifica sustancialmente la previsión del Ejecutivo de poner, por ejemplo, un tope de 10 pisos turísticos cada 100 habitantes. Con una frágil mayoría de 33 diputados sobre 135, el Govern y ERC ha firmado al final por escrito un acuerdo con los socialistas para aceptar las nuevas condiciones. El pacto contempla convalidar el decreto este miércoles -no se puede modificar con antelación- y tramitarlo como proyecto de ley y aprobarlo en el Pleno del 31 de marzo. Alcaldes de PSC y de Junts han presionado estas semanas para frenar el decreto-ley que podía haber comportado el cierre de millas de pisos y que al final ha quedado caso desnaturalizado.

Con una negociación in extremis, cerrada poco antes del debate, el acuerdo entre el Govern, PSC y ERC se sustenta en cinco puntos. El documento prevé que estarán obligados a regular solo 140 municipios, los calificados como “mercado tenso”, es decir, los que tienen problemas de alquiler, y no la lista de 260 que había previsto el Govern inicialmente. El texto plantea que ahora se exigirá una licencia -hasta ahora no era necesaria y era solo una comunicación- y se elimina la ratio de los 10 pisos. Al suprimir este tope, la cuestión esencial es que los Ayuntamientos podrán decidir si lo fijan o no y será por tanto una regulación a la carta. “Hay realidades muy diferentes. Los municipios de los Pirineos no se pueden ser tratados igual que Barcelona”, ha afirmado Òscar Ordeig, diputado socialista.

Aragonès ha afirmado en la sesión de control que la regulación es “absolutamente necesaria” en favor del derecho a la vivienda de la ciudadanía. “Confío en que sea posible con las adecuaciones mientras se mantiene el objetivo: poner freno al desmesurado crecimiento que pone dificultad a la vivienda”. El pacto ha dejado en evidencia en cualquier caso la posición de máxima fragilidad y la preeminencia de los socialistas, que apoyaron de la regulación pero que a la vez apoyan que sea a la carta. Los dos grupos suman 66 diputados por lo que les faltan dos votos para que se apruebe.

Pese a los cambios tan sustanciales, Junts, visiblemente molesto, ha votado en contra del decreto y ha anunciado que presentará un texto alternativo. “Los socialistas les han vuelto a salvar”, ha afirmado el diputado Joan Canadell a la consejera del ramo Ester Capella. “Es la moratoria que le conviene a Barcelona. Impulsaremos un texto alternativo”, anunció. Montserrat Vinyets, de La CUP, ha sostenido que el decreto supone liberalizar por completo el sector y que ha incumplido su objetivo final del decreto que era el de luchar contra la escasez de la vivienda en Cataluña.

Por el contrario, los comunes han grabado que siempre se han opuesto que hubiera “barra libre” para los apartamentos turísticos y que rea necesaria una regulación. “Voy a desmontar un mito: con este decreto no vanan desaparecer millas de pisos turísticos”, dijo Susanna Segovia de los comunes. La diputada se ha felicitado de que se vaya a acabar con licencias casi “feudales” al ser casi “perpetuas”. El PSC y la bancada de la derecha habían elevado el texto al Consejo de Garantías Estatutarias que dictaminó por unanimidad que encajaba en el Estatut.

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